Una muy mala noticia para los productores ganaderos representa un éxito rotundo para la política del gobierno argentino

Una malísima noticia para los productores ganaderos representa un dato auspicioso para los funcionarios del gobierno nacional que se desviven por bajar el índice de inflación.

Datos oficiales muestran que en los primeros seis días del presente mes de julio (último registro disponible9 salieron de corrales de engorde casi 87.000 bovinos. La cuestión es que esa cifra, mensualizada, representa un número total del orden de 435.000 cabezas para julio.

Se trataría, en caso de mantenerse la actual tendencia, de una salida equivalente a la registrada en junio pasado, la cual, si bien no está dentro del máximo ocurrido en mayo, sigue siendo elevadísima en términos históricos.

La sobreoferta de hacienda que está saliendo en las últimas semanas, la cual había sido ingresada a corrales de manera masiva para “liberar” campos afectados por la sequía, parece tener un buen resto aún, tal como confirman los precios nominales “planchados” de la hacienda en un contexto inflacionario.

Tal fenómeno ocurre, para colmo, con un mercado internacional marcado por una importante desaceleración de los precios de la carne vacuna destinada a China, el principal cliente de los frigoríficos argentinos, lo que impide –tal como ocurrió en otras oportunidades– que el negocio de exportación “subsidie” al mercado interno.

Si la Argentina fuese un país normal, tales circunstancias serían contempladas en la política agropecuaria. Sin embargo, Argentina está muy lejos de ser un país normal y, por lo tanto, el gobierno mantiene el “cepo exportador” sobre el sector vacuno con el propósito de reforzar el efecto bajista para contener las enormes presiones inflacionarias en el resto de los sectores de la economía.

Adicionalmente, el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, obliga –en el marco de un “acuerdo” supuestamente voluntario– a los principales frigoríficos a distribuir un determinado volumen mensual de cortes de carne vacuna populares a precios inferiores a los de mercados, lo que representa, en los hechos, un subsidio pagado con dinero privado por orden del Estado.

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En junio pasado la “canasta cárnica vacuna” medida por el Indec (que comprende asado, paleta, cuadril, nalga y carne picada) mostró una inflación interanual del 73,1% versus un 121,4% el promedio de alimentos y bebidas no alcohólicas en comercios y supermercados de la ciudad de Buenos Aires (CABA-GBA). Es decir: la carne vacuna tenía por entonces un retraso de más de 48 puntos respecto del promedio general de alimentos.

La falta de rentabilidad presente en la cadena cárnica no es gratuita porque afecta al criador, quien, al iniciar un proceso de desinversión a modo defensivo (o simplemente como mera supervivencia), promueve en el mediano plazo una reducción del stock bovino.

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