El Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) nació con el propósito de simplificar tareas administrativas a las empresas agrícolas, pero se transformó en un dolor de cabeza para la mayor parte de las mismas.
Así lo indicó Mariano Echegaray Ferrer, titular del estudio contable homónimo y director del área impositiva de Agroeducación, durante una charla ofrecida en la Expo Rural de Palermo 2025.
El SISA, lejos de simplificar procesos, ha creado un entramado que no sólo resulta engorroso, sino que expone al productor a una pérdida de autonomía y costos ocultos que el propio Estado no reconoce ni compensa.
El problema principal, según el expositor, es que el productor pasó de tratar con personas a tratar con sistemas informáticos automatizados. Esto implica que, ante cualquier error o inconsistencia, ya no hay un interlocutor humano que pueda explicar o resolver rápidamente la situación.
“La sistematización forzada ha eliminado la flexibilidad y con ella la posibilidad de corregir a tiempo los desvíos administrativos que pueden paralizar la operatoria comercial de una empresa agrícola”, expuso.
Si bien el año pasado el gobierno de Javier Milei simplificó la operatoria al requerir sólo dos presentaciones juradas al año en lugar de las cinco vigentes con anterioridad, el régimen sigue presentando situaciones desfavorables para el agro.
La resolución 4310/2018 de la ex AFIP determina que las empresas agrícolas están obligadas a informar su situación productiva, trasladado el costo fiscal de esos requerimientos administrativos al contribuyente.
El régimen de retención sobre el IVA en la actividad agropecuaria también fue duramente criticado por el especialista. Originalmente diseñado en los años 90, cuando no existían controles digitales, hoy pierde sentido en un ecosistema en donde la trazabilidad y verificación de operaciones son posibles en tiempo real.
“¿Por qué seguir reteniendo un impuesto de declaración mensual bajo el pretexto de ‘garantizar el cumplimiento’, si el mismo puede verificarse instantáneamente? ¿Qué sentido tiene quitarle recursos a las empresas para después devolvérselos, esperando que no haya ninguna demora para que los productores puedan contar con su propio dinero; es una locura”, remarcó.
Desde un enfoque productivo, el Estado exige información de superficies sembradas, tipos de cultivo, titularidad de la tierra y ubicación georreferenciada, entre otros ítems. Económicamente eso se traduce en un costo operativo que recae enteramente sobre el productor, mientras que financieramente las demoras sistémicas dificultan el cumplimiento de obligaciones básicas, como pagos a proveedores o de salarios.
Echegaray Ferrer explicó que un aspecto especialmente crítico es la falta de previsibilidad. Antes, con formularios en papel, el productor podía organizarse para trasladar su producción con cierta certeza. Hoy cualquier error en el sistema informático puede bloquear un camión que ya está cargado y esperando en el campo. “Esta imprevisibilidad no solo genera pérdidas económicas, sino también una enorme frustración y sensación de indefensión”, se quejó.
“El agro es el único sector al que le aplican un control que impide disponer de la propia producción. Nadie esta diciendo que no controlen, sino que permitan comerciar. Esas ineficiencias terminan dinamitando nuestro trabajo y entorpeciendo la labor del sector que explica la mayor parte del ingreso de divisas genuinas del país”, apuntó.
El tributarista cerró con una propuesta concreta: mantener el sistema, pero darle transparencia para el productor o bien su asesor contable pueda actuar con previsibilidad. “Que se sepa cuánta mercadería está autorizada a trasladar, dónde se encuentra, cómo fue registrada, y que el sistema permita corregir errores a tiempo. En definitiva, lo que se plantea no es un rechazo al control, sino a la arbitrariedad y a la opacidad del sistema”, graficó
A modo de conclusión, Echegaray Ferrer recordó que todos los reclamos planteados ya están contemplados en el decreto 353/2024 del actual gobierno nacional, que establece como meta la simplificación del sistema tributario argentino.
“El problema no es de diagnóstico ni de voluntad política, sino de ejecución. Mientras tanto, el agro sigue enfrentando una maraña burocrática que limita su crecimiento y pone en jaque su sostenibilidad”, resumió.
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