El ingreso de soja paraguaya, junto con las compras locales de poroto, garantizan un abastecimiento por demás holgado de poroto para la industria aceitera argentina.
En junio pasado la molienda de soja en la Argentina –según datos oficiales– fue de 4,05 millones de toneladas, una cifra 2,1% mayor a la registrada en el mismo mes de 2024.
Luego de que en abril y mayo de este año se registrara una caída del procesamiento de soja como resultado de la salida de producción de las fábricas aceiteras controladas por la concursada Vicentin, a partir de junio, con el reingreso de esa empresa a la actividad, la molienda de poroto se reactivó.
Por otra parte, en junio pasado la Argentina importó 635.157 toneladas de poroto de soja, las cuales en su mayor parte provinieron de Paraguay y una porción minoritaria de Brasil. Se trata de una cifra equivalente al 15,7% del volumen de soja procesado en el país en dicho mes.
Eso implica que en los tres primeros meses del ciclo comercial 2024/25 la participación de la soja importada en la molienda argentina fue del 19,6% versus 19,0% en el mismo período del año pasado.
El ingreso de soja de países vecinos, junto con el aprovisionamiento interno de poroto, hace que la industria aceitera no tenga mayores urgencias por originar mercadería en la actual coyuntura.
El último dato oficial disponible, correspondiente al pasado 16 de julio, muestra que la industria aceitera había comprado 20,07 millones de toneladas de soja 2024/25, de las cuales 5,54 millones no tenían precio hecho (operaciones “a fijar”).
En tanto, las registraciones de embarques de harina de soja 2024/25 a la fecha suman 15,01 millones de toneladas, cifra equivalente a 18,7 millones de toneladas de poroto de soja. Es decir: las fábricas argentinas están “compradas” en soja.
El ingreso de soja al mercado argentino se realiza en el marco del régimen de “importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir perfeccionamiento industrial”, el cual –implementado por el decreto 1330/2004– facilita el ingreso de insumos con la obligación de que los mismos, una vez procesados en territorio argentino, sean exportados como harina, aceite y biodiésel para generar divisas.
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