En Uruguay, país cuyo marco normativo está sustentado en el convenio UPOV-78 –el mismo que rige en la Argentina y que el gobierno quiere reemplazar por UPOV-91– el respeto por la propiedad intelectual en el ámbito de la genética agrícola es la regla y no la excepción.
Esa realidad contribuye a promover la inversión en tecnología y los datos así lo confirman: en 2003 se registraron en Uruguay diez nuevos cultivares de soja, mientras que el año pasado se inscribieron en la Argentina 35 variedades de la oleaginosa.
En términos relativos, eso implica que en Uruguay se registraron cuatro veces y media más cultivares de soja en la Argentina, dado que en 2022/23 se inscribió un nuevo cultivar por cada 100.000 hectáreas sembradas, al tiempo que en la Argentina esa proporción fue de apenas 0,21.
En la campaña 2022/23 el 50% del área sembrada de soja por productores uruguayos correspondió a semilla certificada (“etiquetada”), mientras que otro 39% fue “uso propio” con pago de regalías. Es decir: la proporción de semilla legal representa un 89% de la superficie nacional (1,23 millones de hectáreas). El 11% restante corresponde a semilla ilegal o bien al área sembrada con cultivares de soja que ya dejaron de contar con propiedad intelectual y, por lo tanto, son de uso libre.
El elevado uso de semilla certificada en Uruguay se explica porque el monto abonado por semilla original, multiplicado por 1.5, puede descontarse del Impuesto a la Renta (equivalente al impuesto a las Ganancias en la Argentina).
Gracias a eso, el incentivo para comprar semilla es mucho mayor que el guardarla para uso propio. El costo fiscal de esa medida se considera nulo dado que al promover una productividad creciente el mismo es más que compensado con el ingreso generado por otros impuestos.
En el mercado uruguayo la comercialización de semillas autógamas se realiza en el marco de un acuerdo denominado “valor tecnológico”, por medio del cual el productor acepta pagar una regalía por el uso de semilla de propia multiplicación. El organismo encargado de auditar el proceso es la Asociación Civil Uruguaya para la Protección de los Obtentores Vegetales (Urupov), la cual está integrada por las principales compañías semilleras que operan en el mercado oriental. En la Argentina las empresas semilleras cuenta con un sistema similar al uruguayo, denominado “Sembrá Evolución”.
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