El gobierno (o mejor dicho los dirigentes del Movimiento Evita que ocupan altos cargos en la gestión de Alberto y Cristina) demoraron once meses en definir la estructura organizativa que tendrá el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Ese ente autónomo se creó por decreto 729 el 4 de noviembre del año pasado. Desde entonces, definir un esqueleto operativo era una tarea pendiente.
Finalmente este lunes se dictó la Decisión Administrativa 780/2023 y ese organismo, que reemplaza a la demolida ex Subsecretaría de Agricultura Familiar que dependía de la Secretaría de Agricultura, al menos ya tiene definidos los cargos que deberán ocuparse. Eso si el próximo gobierno, como es muy posible, no decide dar todo marcha atrás y volver a fojas cero toda esta mudanza.
Aquella mudanza fue una decisión eminentemente política. Los líderes del Movimiento Evita aliados del gobierno, con Emilio Pérsico y Chino Navarro a la cabeza, soñaron alguna vez con unificar muchos organismos que estaban bajo su control en la Jefatura de Gabinete. Allí estaban el INAES, el control de planes sociales y otros resortes. La subsecretaría de Agricultura Familiar -que Pérsico había manejado hasta 2015- también aparecía en esa lista.
Por eso a principios de noviembre de 2022 el Decreto Nº 729/22 creó el Instituto de la Agricultura Familiar “como organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado”. Luego también se designó allí a Miguel Ángel Gómez, un improductivo militante del Movimiento Evita que ya venía en el cargo de subsecretario.
Pero todo quedó allí, en un limbo. Y recién ahora, once meses después de aquella decisión, la Jefatura de Gabinete logró completar este proceso. “Por razones operativas de gestión resulta necesario dotar al INAFCI de una estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo e incorporar, homologar y reasignar diversos cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas”, se avivaron los cráneos del Movimiento Evita.
La nueva estructura incluye seis grandes direcciones (cuatro de ellas Direcciones Nacionales), de acuerdo con el siguiente cronograma:
Once meses tardó este trámite, que en los hechos no establece demasiados cambios respecto de la estructura preexistente como parte de la Secretaría de Agricultura, pero que provocó que la actividad en ese ámbito estatal se mantuviera casi inexistente en este último año, pendiente de este trámite.
La nueva norma también incorporó, homologó y reasignó algunas de las funciones ejecutivas en el nuevo instituto dentro del Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Sistema Nacional de Empleo Público. En total habrá 6 nuevos directores, y 24 directores y coordinadores que ya tenían una función semejante en la Secretaría de Agricultura. Es decir, 30 empleos de jerarquía.
Como a partir de ahora debería empezar a funcionar la institución con recursos presupuestarios propios, la norma suprimió “la cantidad de 5000 Unidades Retributivas” que le habían sido asignadas en junio pasado. De todos modos, en artículo seguido se aclaró: “Hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y se instrumenten las acciones que permitan la plena operatividad del INAFCI, las áreas correspondientes del Servicio Administrativo Financiero y el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Agricultura prestarán al citado Instituto los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos, jurídicos, despacho y mesa de entrada”.
Vamos que falta poco. La reforma agraria queda a la vuelta de la esquina.
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