Gran parte del éxito de un proyecto político depende de la capacidad de crear expectativas de manera continua. El fracaso llega cuando la brecha entre la realidad de los hechos y el relato se torna insostenible.
Cuando en enero pasado el ministro Luis “Toto” Caputo anunció la implementación del régimen de rebaja temporaria de derechos de exportación, muchos integrantes del sector agropecuario argentino creyeron que se trataba de una medida oportunista que oportunamente sería transformada en permanente.
Oportunista porque la motivación detrás de esa decisión oficial era resolver un problema cambiario y no brindar una mayor competitividad al sector agrícola, principal generador genuino de divisas de la economía argentina.
Pasó el tiempo y en mayo se prorrogó hasta marzo del año que viene la rebaja de alícuotas para trigo y cebada. Aunque algunos creyeron que se trataba de una ayuda al campo, la realidad es que la medida se tomó por razones tributarias y cambiarias, dado que hasta ese momento no se había registrado una sola tonelada de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de trigo 2025/26.
No sucedió lo mismo con las DJVE de maíz y productos del complejo oleaginoso, ya que las compañías agroexportadoras anotaron grandes volúmenes de embarques para aprovechar la rebaja tributaria, lo que garantiza –tal como ocurrió con el “dólar soja” instrumentado por Sergio Massa– una aceleración del ingreso de agrodivisas.
El problema de diseñar una política agropecuaria en función del intereses del Estado es que las empresas y el país en su conjunto pueden terminar perdiendo una cantidad gigantesca de divisas que ningún otro sector de la economía puede reemplazar.
Eso porque la aceleración de las registraciones de DJVE ocurridas en las últimas semanas –cuando quedó claro que el gobierno no prorrogaría el régimen– coincidió con precios FOB bajísimos de los productos que exporta la Argentina.
Además, por razones estacionales, los precios FOB del maíz y del poroto, harina y aceite de soja argentinos están en el “fondo de la tabla de posiciones”, lo que potencia del daño económico. Si las registraciones de DJVE no estuviesen condicionadas por una intervención oficial, los integrantes del sector privado habrían hecho esfuerzos para maximizar utilidades al intentar registrar operaciones en los momentos de precios FOB más elevados.
El verdadero drama de lo que está sucediendo, de todas formas, no es el quiebre del discurso libertario, sino el hecho de que la economía argentina sigue atravesando una crisis cambiaria cuando tiene a mano una fábrica formidable que puede, en apenas un año, comenzar a generar un volumen colosal de esa “mercadería” si se presentan las condiciones adecuadas (que serían las equivalentes a las presentes en países normales como Brasil, Paraguay y Uruguay).
Quizás los funcionarios del gobierno nacional recapaciten y la semana que viene prorroguen la rebaja de derechos de exportación. Si no lo hacen, entonces estarán reconociendo –tal como dijo la diputada oficialista Romina Diez– que el impuesto regresará a “sus niveles normales”.
La lectura de los acontecimientos que hacen los integrantes de la comunidad agropecuaria es la siguiente: si esta es la manera en la que nos tratan los que venían a reducir la carga impositiva, ¿qué podemos llegar a esperar del próximo gobierno si tiene otro signo político?
Mientras tanto, los autopercibidos libertarios siguen soñando con grandes inversiones en los sectores hidrocarburíferos y mineros que harán que el país navegue en un océano interminable de divisas. Total, soñar no cuesta nada.
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