El presidente Javier Milei aseguró que planea eliminar los fondos fiduciarios que integran la administración pública nacional ya que representan una caja gigantesca de recursos públicos que no tienen control alguno.
La teoría dice que, como la estructura del Estado es demasiado burocrática y lenta, se requiere un mecanismo ágil que permita a los integrantes del Poder Ejecutivo contar con una herramienta para resolver cuestiones importantes con celeridad.
En los hechos, los 27 los fondos fiduciarios que gestiona el Estado nacional se transformaron en una “caja negra” sobre la cual no se sabe casi nada y que, muy probablemente, permite hacer negociados de todo tipo y color.
En lo que respecta al agro argentino, uno de tales fondos fue creado en 2001 –por medio del decreto 1381/01– con el propósito de resolver los desastres generados por la gran inundación registrada ese año en vastas regiones productivas de la provincia de Buenos Aires.
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica –tal es el nombre de la herramienta– se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido para el uso como combustible en automotores. Como es usual en el enjambre de fideicomisos, no existe relación alguna entre la naturaleza de los aportantes forzosos y los (supuestos) beneficiarios directos.
El decreto 1381/01 establecía claramente que los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica tenían “afectación específica al desarrollo de proyectos de infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas”.
Pero en 2006 el kirchnerismo promovió una norma (Ley 26.181/06) que amplió las atribuciones del Fondo de Infraestructura Hídrica al determinar que debía destinarse al “desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento”.
Gracias a esa magia semántica, los fondos aportados por propietarios de vehículos particulares y transportistas, que originariamente estaban destinados a solucionar problemas de inundaciones en regiones agropecuarias, empezaron a destinarse a partidos del Conurbano bonaerense para atender obras de alcantarillado, cloacas y desagües.
Posteriormente una porción de los recursos comenzó a ser derivado hacia el emprendimiento de las represas santacruceñas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, las cuales, supuestamente, iban a ser financiadas íntegramente por entidades bancarias chinas controladas por el gobierno central de la nación asiática a cambio de asegurar la realización de la obra a un consorcio liderado por la corporación china Gezhouba Group Company.
¿Por qué los funcionarios kirchneristas aman con locura a los fideicomisos? Acá te lo contamos
En el año 2016, por cada peso del Fondo de Infraestructura Hídrica asignado al Plan Federal de Control de Inundaciones –es decir, el propósito original del instrumento– se derivaron 1,8 pesos a la provincia de Santa Cruz.
Si bien a partir de 2017 el gobierno macrista impulsó, con aportes del instrumento fiduciario, avances en el Plan Maestro de la Cuenca del Salado y el reacondicionamiento del Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas en el límite entre Córdoba y Santa Fe, lo cierto es que a partir de 2018 dejó de publicar datos sobre la originación y destinos de los recursos generados por el Fondo de Infraestructura Hídrica. Desde entonces, los registros de las obras realizadas pasaron a la “clandestinidad” y resultó imposible hacer un seguimiento de los mismos.
El último documento oficial que contiene datos sobre el Fondo de Infraestructura Hídrica es un papelito publicado a fines del año pasado con el título “Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional” que muestra, como si se tratase de una libreta de almacenero, datos muy gruesos (y obviamente no auditados) sobre el fondo en cuestión.
En la “libreta de almacenero” es factible ver que al tercer trimestre de 2023 (último dato oficial disponible) el Fondo de Infraestructura Hídrica había recaudado hasta ese momento del año casi 25.000 millones pesos para ¡gastar 2938 millones en gastos corrientes! Una auténtica joda. Otra curiosidad es que se informan gastos de capital por una cifra bochornosamente superior a la disponible en el fideicomiso, lo que generó un resultado negativo gigantesco, el cual es explicado en el informe como una “consecuencia de la caída de los recursos de capital que se conforman por las transferencias recibidas del Tesoro nacional”.
Si bien Milei es el primer presidente en más de dos décadas que puso el oscuro tema de los fondos fiduciarios en la agenda pública, aún no está del todo claro qué pretende hacer con los mismos. ¿Eliminarlos implica que los recursos disponibles se integrarán en las partidas presupuestarias? Si ese es el caso, ¿lo harán de acuerdo a los propósitos fundacionales de los fideicomisos o se redistribuirán con otros criterios? ¿Cuáles? Una vez eliminados los fondos fiduciarios, ¿también se darán de baja los impuestos creados para financiarlos? Muchas preguntas que deben ser respondidas.
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