Bichos de Campo es un medio periodístico y por lo tanto quienes lo integramos y trabajamos aquí estamos celebrando hoy, 7 de junio, un nuevo día del periodista en la Argentina. De todos modos, sentimos que no hay mucho que celebrar sino que más bien que tenemos motivos para mostrarnos preocupados. Y es que el gobierno de Javier Milei, lejos de defender las libertades individuales como había prometido en su plataforma, está cerrando todos los caminos posibles para el pleno ejercicio del derecho a la información, que es uno crítico para nuestro trabajo.
No se trata solo de la libertad de expresión, porque aquí por ahora podemos hacer y decir todo lo que queremos y pensamos. Como todos los periodistas, si opinamos en contra o a favor eventualmente quedaremos expuestos a recibir ataques de parte del poder político, y en especial del propio presidente Milei, quien como bien indicó Fopea en su último informe 2024, protagonizó 56 de los 179 ataques a los periodistas el año pasado.
Pero ese quizás sea un riesgo por opinar. Informar no es lo mismo. Informar es otra cosa.
Mucho más preocupante que el que te digan “ensobrado” o cualquier otra cosa para el ejercicio del periodismo (lo que en todo caso constituye un amedrentamiento que atenta contra la libertad de expresión), es el hecho de que los gobiernos oculten o no informen sobre sus actividades, que no responsan a las preguntas, que no transparenten la información pública.
Eso no afecta el derecho a la libre expresión sino uno más relevante que ha sido consagrado constitucionalmente y reglamentado por diversas leyes: “El derecho a la información, también conocido como derecho de acceso a la información pública, es el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información en manos del Estado, sin necesidad de justificar su uso o interés particular”.
En este sentido, el gobierno de Milei se está revelando como el peor garante de ese derecho desde el retorno de la democracia en 1983. O mejor dicho, como el que más lo vulnera. Suena extraño decirlo, pero a nuestros ojos el actual gobierno es bastante peor incluso para el desempeño del ejercicio periodístico (que se ocupa de obtener datos y publicarlos, como soporte de información y en todo caso, en segunda instancia, de opiniones) que las gestiones anteriores, a las que ya solía tildarse de autoritarias y poco transparentes.
No se trata solamente de los ataques al periodismo. Se trata básicamente de bloquear el acceso a los periodistas a fuentes de información que deberían ser de acceso público. Es en ese aspecto que el gobierno libertario (al menos en la órbita de la Secretaría de Agricultura, que es la que nos atañe) se está relevando mucho más oscurantista que sus predecesores.
Vamos a poner un primer ejemplo, ingenuo. Por las leyes de ética pública, se prohíbe a los funcionarios públicos recibir regalos superiores a determinados montos de dinero, porque se sobreentiende que de superarlos ya no serían un obsequio sino directamente una coima o soborno. En nuestra área de incumbencia, nosotros pudimos acceder al listado de regalos recibidos por todos los ex ministros o secretarios de Estado, que debían ser publicados en una sección de la página web del organismo dedicada a la “transparencia”. Desde hace meses que esa pestaña no figura más en la página de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y por eso mal podríamos repetir ahora el ejercicio de control para con las nuevas autoridades.
Ni podemos ya informar a nuestros lectores con noticias como esta, realizada al cabo del gobierno de Cambiemos:
En un apartado sobre Transparencia del Estado Nacional que debería comprender el listado de todos los regalos o viajes de cortesía realizados por los integrantes del Poder Ejecutivo no hay registro que conduzca al secretario Sergio Iraeta ni otros altos funcionarios de Agricultura.
Otro registro que casi ya ningún funcionario se ocupa de rellenar es el de las audiencias públicas. En el buscador oficial solo existen ocho citas reconocidas por el funcionario en toda su gestión, que ya lleva casi un año. Parece una burla.
Vamos a otro ejemplo, mucho peor.
El 16 de octubre de 2020 se conocía en el Boletín Oficial la designación del abogado ultrkirchnerista Eduardo Barcesat -defensor de Cristina Kirchner en varias causas- como el asesor mejor pago de la gestión de Luis Basterra y luego de Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura. Saltaba a todas luces que no tenía nada que ver esa contratación con el rol de la cartera, aunque la existencia de este “ñoqui vip” se trató de maquillar diciendo que iba a asesorar al gobierno respecto de la ley de tierras en manos de extranjeros. Un verso grande como la China.
En aquel momento, Bichos de Campo podía chequear que la contratación de Barcesat siguió vigente durante un par de ejercicios porque en Agricultura se publicaba, también en la Sección Transparencia (ahora desaparecida), una lista completa de todo el personal dependiente de dicho organismo, junto a su escalafón. Hoy -con la gestión libertaria- esa página ha sido dada de baja, tanto de la web específica de la SAGyP como en la del Ministerio de Economía, que ha absorbido el control del personal y presupuesto de la cartera agropecuaria a partir de febrero de 2024.
Entonces no podemos ahora, como sí pudimos en el último gobierno, hacer notas como esta:
El cerrojo sobre el acceso a la información púbica en la gestión de Javier Milei se podría mostrar en muchos otros aspectos, pero básicamente nació el mismo día en que asumió el economista y reiteró la lógica que había inaugurado el kirchnerismo y que hace furor: El Estado tiene voceros -pagados por todos nosotros los contribuyentes- para comunicar solo lo que le interesa al funcionario de turno y no para responder las preguntas de los ciudadanos, y mucho menos si osan desempeñarse en el oficio periodístico.
Tristemente, los jefes de prensa de los diferentes organismo ya no trabajan para evacuar las dudas de la prensa especializada, sino para proteger la imagen de los secretarios de turno. En el caso de Agricultura, cabe la triste definición para el actual director de Sistemas de Información Agropecuaria, Patricio Naveyra, quien se ha transformado en un escudero del secretario Iraeta más que en un garante del derecho a la información. Debería conocer ese derecho, ya que tanto él como el secretario de Producción Agropecuaria, Manuel Chiappe Berisso, provienen de la Fundación Barbechando, que se supone fue creada para seguir de cerca los asuntos legislativos.
Naveyra, por caso, desde hace más de un año que tiene pedidos de Bichos de Campo para realizar entrevistas a los diferentes funcionarios de la cartera que lo contrató. Pero ya ni responde a esas peticiones. Y nosotros cansados ya ni se las trasladamos.
Porque ese es el secreto del éxito de estas fórmulas: no contestar, hasta que los periodistas molestos que preguntamos dejemos de hacerlo.
Ni en la gestión del ex decano Fernando Vilella ni en la de su sucesor, el mencionado Iraeta, se ha convocado a la prensa especializada a conferencias de prensa, una reunión en la cual todos los periodistas podamos preguntar y recibir respuestas sobre los asuntos que nos preocupan, que se supone son las inquietudes de nuestros lectores. Eso, a pesar del pedido expreso que alguna vez realizaran las asociaciones que agrupan a los colegas especializados en agro de todo el país. El secretario de Prensa Eduardo Serenellini incluso los recibió en Casa Rosada y les prometió hacerlas, pero ya en ese momento parecía ser un chiste y luego fue expulsado del gobierno.
Si esconder datos que deberían ser públicos ya está mal, el hecho de no responder preguntas es la principal manera del gobierno libertario de violentar el derecho a la información pública.
Aunque se utilicen incluso para decir falsedades, las conferencias de prensa son un mecanismo mu útil para construir una información lo más fidedigna posible. Es muy recordada la que brindó el ex secretario de Agricultura de Sergio Massa, Juan José Bahillo, en septiembre de 2023. Allí negó una y otra vez una medida que se estaba cocinando en el Ministerio de Economía, vinculada al famoso Dólar Soja, consciente de que estaba mintiendo ante las cámaras.
Mentía, pero al menos decía algo en público. No como los funcionarios libertarios, que no responden nada.
En fin, todos estos ejemplos del trabajo cotidiano de los periodistas sirven para sostener la afirmación de que en materia de acceso a la información -un derecho tanto o más caro para el periodista que el de la libertar de expresión-, el gobierno de Milei se ha comportado hasta ahora de peor modo incluso que gestiones anteriores que no se caracterizaron precisamente por la transparencia.
Incluso el presidente Milei, en septiembre de 2024, dictó un decreto que establece una serie de restricciones al mecanismo de acceso a la información pública, reglamentando algunos aspectos de la Ley específica y aumentando los “criterios de excepción” en los cuales el Poder Ejecutivo puede negarse a responder las peticiones de información de un ciudadano o un periodista.
Así que nada, gracias por los saludos. De nuestro lado, contarles que cada vez es más difícil acceder a información oficial para nutrir nuestras notas y compartir datos con nuestros lectores.
La entrada En el día del periodista, solo nos falta quien responda: Con el gobierno de Javier Milei se ha hecho muy difícil el acceso a la información pública, incluso peor que en otras gestiones se publicó primero en Bichos de Campo.