El martes de esta semana asumió la presidencia de Paraguay Santiago Peña y una de las primeras acciones encomendadas a su equipo de gobierno fue resolver el conflicto de la Hidrovía.
En el presente año el gobierno argentino procedió a instrumentar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte fluvial que circule por el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia” de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que es uno de los principales canales logísticos empleados por Paraguay.
En ese marco, el flamante canciller Rubén Ramírez recibió a autoridades y representantes del sector privado, integrantes de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CPTCP), para analizar las acciones tomadas y los nuevos pasos por implementar para la eliminación del peaje pretendido por la Argentina.
“De ninguna manera vamos a agotar el diálogo, con la firmeza y la convicción de que estamos reclamando un justo derecho de la República del Paraguay”, afirmó el canciller, para luego señalar que se arbitrarán todos los medios legales necesarios para resolver de forma inmediata la situación.
Ramírez indicó que se cuenta con la adhesión de los demás países que integran la Hidrovía (Brasil, Bolivia y Uruguay) para intentar dar de baja el peaje introducido de manera unilateral por la Argentina. Sin embargo, indicó que el país vecino “está sin la flexibilidad que corresponde al tratamiento de estos temas” luego de nueve meses de vigencia de la tarifa.
El nuevo director de la Administración de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera, quien estuvo en la reunión convocada por el canciller, señaló que los informes técnicos con los que cuenta el país permiten refutar los argumentos dados para el cobro del peaje.
En tanto, el presidente del Centro de Armadores Fluviales de Paraguay, Raúl Valdéz, expresó que desde el sector privado se considera a la medida es como “un impuesto al paso de nuestras embarcaciones”.
Hasta el momento, las facturaciones emitidas por el pretendido cobro del peaje rondan los 12 millones de dólares y se estima que para fin de año podrían llegar a los 50 millones de dólares. Además, Valdez dijo que la Administración General de Puertos de la Argentina no cuenta con un estructura administrativa para gestionar los cobros, lo que se evidencia con el envío de facturas por embarcaciones que no corresponden o facturas postdatadas y vencidas.
Indicó también que no todos los armadores están pagando el peaje y que los que sí lo hacen abonan con reserva para poder posteriormente reclamar el desembolso realizado.
En junio pasado se realizó en la ciudad de Buenos Aires una reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná y los representantes de Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, a partir de la documentación técnica presentada por la CPTCP, determinaron que, en función de la información presentada por la delegación argentina, no existe fundamento para el cobro de un peaje en el tramo “Puerto de Santa Fe-Confluencia”. Posteriormente, la CPTCP emitió un comunicado oficial para manifestar su oposición al cobro del peaje.
“La CPTCP está dispuesta a brindar toda la información técnica necesaria para que el presente conflicto entre países hermanos se resuelva de manera cordial, respetando siempre las directrices establecidas en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que ha resultado ser un eficiente marco legal que permitió que las cargas fluviales por su sistema pasaran de las precarias 800.000 toneladas de los años ‘80 a mas de 20 millones de toneladas en la actualidad”, remarcó la entidad.
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