En la Argentina se suele mencionar que el problema central de la economía es la “restricción externa”, es decir, la imposibilidad de acceder a la cantidad necesaria de divisas para que el país pueda funcionar con normalidad.
Sin embargo, esa “restricción externa” afecta regularmente a la Argentina, aunque no sucede lo mismo con sus vecinos, incluso cuando tienen estructuras productivas similares.
“En rigor, la restricción no es externa, sino interna: es consecuencia directa de las políticas de desincentivo a la oferta exportable, entre ellas los derechos de exportación”, apuntó este jueves un documento elaborado por el área de Economía de CREA, el cual recordó que los empresarios agrícolas argentinos reciben post devaluación sólo el 51%, 68% y 70% del precio internacional de la soja, el trigo y el maíz, respectivamente.
Entre 2004 y 2022 el agro aportó, sólo en concepto de derechos de exportación, unos 116.000 millones de dólares, los cuales no contribuyeron a mejorar el nivel de vida de la mayor parte de los argentinos.
“El problema radica en que el creciente gasto en política social no puede compensar el estancamiento productivo y exportador que se inicia en 2011, del cual los derechos de exportación son un ingrediente fundamental. Así, entre 2011 y 2023, el PBI per cápita se redujo 13% en el marco de una inflación creciente y de los recurrentes ciclos de atraso y corrección del tipo de cambio oficial”, destaca CREA.
Más allá de los perjuicios que ocasionan al país en general, los derechos de exportación (“retenciones”) son fuertemente distorsivos para el sector en particular, dado que no existe una relación ecuánime entre el valor de los insumos y el precio de venta de los productos agropecuarios.
“Así, de acuerdo con datos del Banco Mundial, la Argentina usa apenas 62 kilogramos de fertilizantes por hectárea, mientras que Brasil emplea 369,5 y EE.UU. 130. Cabe señalar que una tonelada de urea vale 2,1 toneladas de maíz en Brasil y 4,7 toneladas de maíz en la Argentina”, recuerda el informe.
“De esta manera, a largo plazo, los derechos de exportación comprometen no sólo la viabilidad económica de las empresas, sino que afectan también a otras dimensiones del concepto de sostenibilidad, como la ambiental y social”, añade.
Pero también los incentivos se ven fuertemente reducidos: cualquier inversión que aumente la producción ve disminuido su retorno porque el Estado capta directamente una porción del grano adicional obtenido.
“En la coyuntura actual, estos efectos se ven agravados por los altos costos operativos que enfrenta el sector agroindustrial y que, a diferencia de otras actividades, no puede trasladar a los precios por la naturaleza competitiva de sus mercados. Por el contrario, los precios internacionales vienen mostrando una baja importante, y desde sus máximos de inicios de 2022, el Food Price Index de la FAO se redujo un 26% (10% en el último año)”, resalta.
Partiendo de valores históricamente altos, en valores absolutos y en relación a los productos, el informe señala que los insumos importados registraron una suba de 80,6% en diciembre del año pasado (versus una devaluación de 81,4%). Se trata de un dato relevante dado que el componente dolarizado en la actividad agrícola representa el 65% del costo del trigo, el 64% del maíz y el 66% de la soja.
“Más en detalle, producto de las múltiples restricciones para importar, a diciembre 2023, la urea en la Argentina llegó al productor 92% más cara que en Brasil (+445 u$s/tonelada), mientras el spread habitual (2016-2019) es del 8%”, advierte.
Los contratistas rurales se enfrentan a una situación similar a la de los productores: luego de la devaluación, el valor de la maquinaria agrícola -su principal capital- se incrementó, junto con los repuestos, lubricantes y combustibles.
Por su parte, la ganadería y la lechería enfrentan a corto plazo una situación en que la devaluación se traslada más lentamente a sus precios, que son muy influidos por el comportamiento del mercado interno, destino del 70 y 75% de su producción, respectivamente.
Los molinos de trigo piden que no les suban las retenciones, porque quedarían molidos
“Ambas actividades tienen en la alimentación un costo muy relevante que se encuentra dolarizado y sube rápidamente al producirse un salto del tipo de cambio”, dice el documento de CREA.
Sumando la alimentación junto a otros rubros dolarizados de menor impacto, el 47% de los costos del tambo –tomado en su conjunto–, el 28% de un corral de terminación y el 58% de un corral con recría y terminación están dolarizados. Consecuentemente, en lo inmediato, una devaluación empeora la situación de la ganadería y la lechería.
“En suma, sin desconocer las urgencias que impone la situación actual, existen razones tanto estructurales como coyunturales para poner el foco en el riesgo institucional en general y en los derechos de exportación en particular”, apunta el informe.
“Por un lado, una coyuntura local donde los costos, elevados y dolarizados, sumados a los precios internacionales en baja, anulan prácticamente el tradicional efecto positivo de la devaluación sobre los márgenes”,
“Por otro lado, con una mirada de más largo plazo, el sector agroindustrial paga derechos de exportación ininterrumpidamente desde la crisis de 2002, sin que se adviertan resultados positivos en términos de crecimiento y pobreza, pese a la masiva transferencia de recursos hacia el Estado”, expresa.
“De este modo, es relevante tener en cuenta que el riesgo institucional local no sólo afecta negativamente en el corto plazo a los resultados productivos, económicos y financieros de las empresas agroindustriales, sino que también es un factor que incide en las relaciones de precios y en la sostenibilidad económica, ambiental y social de las actividades agroindustriales y de la economía en general”, concluye el documento de CREA.
La entrada No la ven: Un documento de CREA explica que la remanida “restricción externa” es en realidad interna gracias a los derechos de exportación se publicó primero en Bichos de Campo.