País decadente: El intendente de Bolívar habría ordenado cortar un servicio público (la emisión de guías de hacienda) a los productores que adeudan la tasa vial

El intendente del partido de Bolívar, Marcos Pisano, viene enfrentando una rebelión fiscal de un grupo de productores agropecuarios que, molestos por el mal estado de la red de caminos rurales en ese distrito, habían dejado de abonar la Tasa Vial. Pero en vez de arreglar los caminos y zanjar de todo el conflicto, el funcionario decidió en las últimas horas cortar a los revoltosos un servicio esencial para ellos: el Municipio dejó de emitir las Guías necesarias para permitirles comercializar su ganado.

Una cosa no tiene que ver con la otra, nada que ver. No sucede aquí que los productores deben la tarifa eléctrica y por eso se les corta el suministro de la electricidad. Aquí un grupo de propietarios rurales autoconvocados crearon un grupo llamado PAU que hace unos meses decidió presentar recursos administrativos ante el Municipio reclamando que el intendente Pisano muestre el balance de la recaudación de la Tasa Vial y el grado de ejecución de obras con ese dinero. Ellos creen que la tasa es una contraprestación por un servicio que no reciben. Y argumentan que en los últimos cuatro años Pisano gastó solo 36% de los recursos en mantener los caminos rurales, cuando debería haber destinado al menos 80% de esos recursos.

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Con la deuda creciendo y sin resolverse, el intendente de Bolívar había llegado al extremo de prohibir a los empleados del Municipio que extiendan las guías de hacienda obligatorias para realizar una operación comercial.

“Nos informan desde la Oficina de Guías del Partido de Bolívar que todos aquellos productores que no estén al día con el impuesto vial serán dados de baja del DUT y tampoco entregarán guías en la oficina”, fue lo que comunicó el viernes una consignataria que quiso hacer el trámite a sus clientes. Bolívar es un partido muy ganadero y por lo tanto esto puso en alerta de inmediato a todos los productores. Incluso la Sociedad Rural local, enfrentada a veces con el grupo PAU, emitió un comunicado denostando la situación.

“Esto es absolutamente ilegal, porque el Municipio le está negando a los productores un servicio público que no puede negar, y lo hace basándose en sostener una deuda que no tienen, porque esa deuda no es ejecutable sino que está en proceso administrativo”, explicó un abogado que asesora a los productores que se declararon en rebelión fiscal.

Según el diario local La Mañana, “el caso escaló generando importantes tensiones a lo largo de todo este viernes”, ya que existiría “un listado de productores a quienes se les denegaría la realización de tales trámites”.

“No dudo en calificar a esa lista como de lista negra”, dijo uno de los productores involucrados a ese medio, quien al mismo tiempo subrayó: “De ninguna manera aceptamos ser tratados como deudores, toda vez que lo que estamos haciendo es ejerciendo un derecho con base constitucional y contamos para ello con asesoramiento jurídico especializado. Aquí hay lisa y llanamente un abuso de derecho de parte del intendente municipal”.

Desde el municipio, en tanto, pasado el mediodía de este viernes “llegó en forma telefónica una contraorden a la oficina de guías, que anulaba aquella determinación verbal del intendente”. Pero todos esperan a que sea lunes para saber cómo seguirá esta historia.

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