Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) dejó al descubierto que en medio de la sequía más grave de su historia, según la definición del propio ministro de Economía, Sergio Massa, esa cartera no logró ni siquiera comenzar a implementar alguno de los proyectos incluidos en el llamado proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (CIAF) que se aprobó en diciembre de 2021 por parte del Banco Mundial con un financiamiento de nada menos que 400 millones de dólares.
“El cambio climático y otros fenómenos meteorológicos presentan riesgos críticos para la agricultura y el bienestar de los agricultores argentinos. Los pequeños productores y las poblaciones rurales son especialmente vulnerables a sus efectos debido a su dependencia de la agricultura de secano (solo usando agua de lluvia) para la producción de alimentos, la seguridad nutricional y la generación de ingresos, así como a su limitada capacidad para hacer frente a las catástrofes o transferir los riesgos asociados a la pérdida o degradación de los activos productivos y la producción”.
Con esas palabras el propio Banco Mundial presentaba dicho Proyecto en diciembre de 2021. La iniciativa había sido aprobada el 9 de ese mes con un generoso presupuesto de 550 millones de dólares para los siguientes cinco años. El organismo que debía estar a cargo era la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE) del ex Ministerio de Agricultura, en conjunto con el INTA.
En los últimos meses, la Auditoría puso bajo la lupa el trabajo realizado entre ese lanzamiento y fin de 2022, un lapso de tiempo que coincide con una feroz sequía que redujo a la mitad la producción agrícola nacional. La conclusión es terrible: Pese a que el Banco Mundial llegó a transferir a la Argentina unos 63 millones de dólares del financiamiento comprometido, al campo no llegó ni un peso. Hasta el fin de la etapa auditada solo se gastaron 1.000 millones de dólares en el pago de la llamada “Comisión Inicial”, y otros 2.061 millones en tareas de consultoría y gastos operativos.
El resto del dinero está depositado en la caja de ahorro en dólares 7120193 y la cuenta corriente en pesos 6096138 del Banco Nación, sin utilizar en los objetivos concretos del plan. La administración de esos fondos por parte del Ministerio de Economía es tan mala que incluso, según apunta la AGN, “de ambas cuentas se debitaron en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022 conceptos correspondientes al impuestos a los créditos y débitos en cuentas bancarias, y si bien son importes pocos significativos los mismos se encuentran exentos”.
De obras concretas o capacitaciones para los productores agropecuarios afectados por la sequía (o por las fuertes heladas de noviembre de 2022), no hubo nada. ¿Y en qué se gastaron por ahora los 3.000 millones de dólares ,mencionados? Esta es la triste planilla resumen elaborada por la Auditoría:
En las cuentas del Banco Nación quedaban a fines de 2022, según este arqueo, la cifra exacta de 59.999.552,67 dólares esperando a que los funcionarios del gobierno nacional decidan en qué proyectos de adaptación al cambio climático en el agro argentino podrían utilizarse. La fecha final del programa, que contempla otros desembolsos del Banco Mundial para completar los 400 millones de dólares, está contemplado para 2027.
“Los objetivos de desarrollo del CIAF son i) apoyar la recuperación económica y
promover prácticas inteligentes desde el punto de vista climático entre los beneficiarios del proyecto en el sistema agroalimentario de Argentina; y ii) responder eficazmente en caso de una crisis o emergencia admisible”, destaca el informe de la Auditoría. Al parecer, la “sequía más grave de la historia con la que Massa justifica todos los desaguisados de la economía no resultó ser una “crisis o emergencia admisible”.
¿Qué debía hacer el Estado con ese dinero?Invertir en bienes públicos (obras), apoyar otras inversiones privadas “para mejorar el acceso al mercado y el desarrollo y reducir la vulnerabilidad de los habitantes de las zonas rurales” y promover “la innovación agrícola”.
Una de las posibles razones de tanto retraso en al implementación de este programa es que ni bien asumió como ministro de Economía, Massa absorbió el área de Agricultura degradándola a Secretaría. A la vez, creó un área especial dentro de la cartera económica para Jorge Neme, que se apropió así de la administración de este financiamiento internacional. Neme, que también fue vicecanciller y vicejefe de Gabinete de esta gestión, había tenido esa misma tarea desde el Prosap, que dependía de Agricultura, durante todas las gestiones kirchneristas.
Como sea, la plata estaba allí, pagando impuestos y comisiones, mientras a los productores argentinos la notable escasez de lluvias los ponía en jaque.
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