Lejos de amainar, el conflicto entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con el Gobierno nacional, por el control de la obra social Osprera, no para de escalar.
El nuevo round ocurrió en los últimos días, luego de que el interventor de la sobra social impuesto por el Poder Ejecutivo, Marcelo Petroni, decidiera suspender un convenio que la UATRE tiene con Osprera y que le permitía al gremio ofrecer sus 725 puntos de atención y bocas de expendio para atender a los beneficiarios.
La UATRE consideró que esta medida es “unilateral e ilegal”, y recordó que justamente lo que persigue ese convenio es que las bocas de expendio funcionen como oficinas de Osprera, con el fin de ampliar la cobertura, sin aumentar las erogaciones de la obra social.
“De esta manera, el sindicato aporta los costos de funcionamiento y el personal para la atención a los beneficiarios sin cobrar nada a la obra social, ya que la misma es una institución sindical, según las normas comunes fondo de la Seguridad Social de nuestro país”, repasó la UATRE.
Cabe recordar, que hace solo una semana, el gremio también formuló duras acusaciones contra el Gobierno por la intervención de Osprera, luego de haber llegado incluso a acusar al Gobierno de ser el culpable de la muerte de un beneficiario al que no se le autorizó un tratamiento oncológico.
Tras la muerte de un trabajador rural, la UATRE realizó duras denuncias contra el Gobierno
LAS NUEVAS ACUSACIONES DE LA UATRE
Según la UATRE, “las medidas tomadas por la intervención contradicen además la propia esencia del Sistema de Salud de la República Argentina, pues uno de los pilares en los que se funda es el del régimen de las Obras Sociales Sindicales, establecido de esta manera por las leyes y consagrado por la propia Constitución Nacional”.
“Este principio fundamental parece haber sido ignorado, evidenciando un preocupante desconocimiento, o una deliberada omisión, por parte del funcionario a cargo de la intervención”, acusó el sindicato.
En este sentido, recordó que la UATRE aportó siempre a su obra social los puntos de atención abocados personalizadamente en la atención de los trabajadores rurales, y mencionó que sus funciones son de lo más diversas: van desde una simple gestión de autorización de orden para un estudio clínico hasta la contención de un paciente ante los reclamos por prestaciones o coberturas.
“Además, omite la intervención referir que los viáticos, traslados y alojamiento de los beneficiarios a los centros de atención están a cargo de este sindicato”, agregó.
Sobre este punto, consideró clave entender que “a cada trabajador y trabajadora los conocemos de toda la vida, sabemos lo lejos que vienen (hasta cómo está el camino para volver), cuáles son sus padeceres y qué necesidades tienen cuando acuden a las Bocas de Expendio. Esa es la esencia de la nuestra ruralidad, la que nacimos, vivimos y morimos los que hacemos el campo, la misma que esta intervención parece desconocer completamente con las medidas que toma”.
“De hecho, el interventor ha llegado al absurdo (o en el mejor de los casos, a una muestra de impericia manifiesta) al reemplazar la atención médica presencial por un sistema de telemedicina, sin considerar que fuera de los ejidos urbanos no existe cobertura digital suficiente, y que dicho formato no se ajusta a las características ni a las necesidades del medio rural”, continuó.
Bajo este panorama, la UATRE consideró que “se trata, claramente, de un traspaso de la atención médica al sistema público, que deberá acoger a esos afiliados expulsados por la desconexión, que acudirán al centro de atención más cercano que las poquísimas filiales de atención actuales de la Osprera”.
“Todas las medidas que tomó la intervención en ese sentido son ilegales por contrarias a las leyes e ilegítimas, porque el decreto de designación no habilitó al abogado Marcelo Petroni a tomarlas. En ese sentido, defenderemos nuestra obra social”, completó el gremio.
Denunciando “gravísimos incumplimientos”, el Gobierno intervino la obra social de la UATRE
LA OPINIÓN DEL LÍDER DE LA UATRE
“Con esta medida, además de ser completamente infundada e ilegal, en la práctica excluye a nuestros beneficiarios de la obra social, dejándolos desamparados y sin atención, ya que es sabido de la falta de conectividad en el campo y, en efecto, no es posible llegar con los servicios y prestaciones a los trabajadores rurales, no hace más que expulsarlos del sistema de salud”, se quejó José Voytenco, secretario general de la Unión.
Por este motivo, opinó que “otra vez, queda de manifiesto la falsedad, impericia, deshonestidad intelectual, insensibilidad y perversa crueldad del interventor quien no cumple su función y asegurar el acceso y la cobertura obligatoria a nuestros afiliados”.
“Las bocas de expendio vienen funcionando desde hace años con un compromiso y una dedicación que una pantalla o celular jamás podrá reemplazar. La atención cálida, humana y sensible que brindan nuestras compañeras y compañeros no puede ser sustituida. Quienes atienden las bocas de expendio conocen a cada afiliado por su nombre, por su historia, por el momento que atraviesa, los sienten parte de su propia familia, porque eso es lo que siempre buscamos ser, desde nuestros inicios: una gran familia”, añadió Voytenco.
Asimismo, se mostró sorprendido de que el cambio haya surgido de la asesoría del Gerente de Servicios a Beneficiarios de la Intervención, Carlos Saúl Castro, y “cuente con el apoyo de los Delegados Provinciales que responden a Pablo Ansaloni y que perdieron las elecciones en 2022, ya que deberían conocer las dificultades que atraviesan los afiliados”.
“A los trabajadores rurales les decimos que la UATRE no los abandona. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias e institucionales para hacer saber la crítica situación que estamos pasando, donde un puñado de personajes que se adjudican una representatividad que no tienen son los verdaderos garantes de lo que hace Petroni, Castro, Ansaloni y compañía negándoles a los trabajadores su derecho fundamental”, cerró el Secretario General.