Una de las principales críticas que recibió el Gobierno nacional por parte del sector agropecuario este año, fue la poca ayuda recibida -según la interpretación del ruralismo- en materia de emergencia agropecuaria para paliar los daños provocados por la sequía.
El Poder Ejecutivo parece haber escuchado este reclamo, lo que se cristaliza en el fuerte aumento que incluyó en el Presupuesto 2024 en los fondos destinados a emergencia agropecuaria.
En concreto, la partida vinculada a políticas para la gestión del riesgo agropecuario tiene recursos asignados por $ 44.000 millones, un 144% más que los $ 18.000 millones previstos para el corriente ejercicio.
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LOS NÚMEROS DEL PRESUPUESTO 2024
Este es uno de los datos que destaca un informe elaborado por la Fundación Barbechando, que realizó un análisis de los principales números que inciden del Presupuesto 2023 en el sector agropecuario.
De todos modos, vale aclarar que se trata del proyecto de ley, que habrá que ver si finalmente se sanciona: en medio del contexto electoral, difícilmente logre pasar rápidamente la aprobación en ambas Cámaras del Congreso.
A nivel general, la “ley de leyes” estima un crecimiento del 2,5% anual, una inflación de 70% y un déficit fiscal primario del 0,9% del PBI, conforme con lo planteado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En cuanto al dólar, proyecta un valor oficial de $ 600 para diciembre de 2024. Vale recordar que desde el Ministerio de Economía se espera un dólar a $ 350 hasta el 15 de noviembre de 2023 y que después retornaría la devaluación administrada, cerrando el año a $ 367.
LOS RECURSOS PARA EL AGRO
En este marco, “cuando se revisan los recursos destinados a las diversas actividades y fondos dirigidos a programas para el desarrollo de la Agrobioindustria se observan aumentos nominales en casi todas las líneas, sin dudas por el aumento de precios que éste año cerrará en más 110% contra un 60% que se estimó en la ley de presupuesto aprobada el año pasado”, señala Barbechando.
Otras partidas relevantes para el agro son las destinadas al apoyo a la actividad ganadera y al incremento de productividad en las cadenas agroindustriales sostenibles, que solamente suben alrededor de un 10% comparado con el anterior presupuesto.
Por otra parte, los organismos descentralizados también presentan actualizaciones importantes en sus ingresos.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA– recibiría un monto casi 3 veces mayor al actual, pasando de unos $ 45.000 a $ 123.000 millones.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) duplicaría de $ 39.000 a $ 89.000 millones.
El Instituto Nacional de Semillas (Inase) también duplicaría sus recursos de $ 2.000 a $ 5.000 millones.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura también más que triplicaría: pasaría a contar con $ 7.000 millones, contra los $ 2.500 millones del presupuesto actual.
“Los aumentos comparados del 2023 al 2024 son menores de los que se intuyen al contemplar la inflación real en ese mismo periodo“, aclara Barbechando.
UNA LUZ DE ALERTA: BENEFICIOS IMPOSITIVOS QUE NO LO SON
Por otro lado, desde la Fundación advierten que el Ministerio de Economía incluyó en el proyecto presupuestario un párrafo destinado a ”promover el análisis y discusión parlamentaria de los gastos tributarios y de otros beneficios impositivos con impacto presupuestario en pos de dar sostenibilidad al sendero fiscal de la República”.
Y en uno de los anexos que detalla todos los rubros a identificar para ser rebajados, se mencionan: las exenciones al pago del impuesto a las Ganancias para los jueces, el régimen especial de la provincia de Tierra del Fuego y la exención de inmuebles rurales en el impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB.
“La justificación de esto es porque dichas exenciones generan pérdidas de recaudación de un poco más del 5% del PBI y, tras el telón de la ley, porque se necesita compensar la pérdida de recaudación que originarán las recientes medidas de compensación a determinados sectores de trabajadores, jubilados y monotributistas”, subraya Barbechando.
Sobre este punto, es importante recordar que los inmuebles rurales están alcanzados por el impuesto inmobiliario provincial, y que tambien tributan por la red vial.
Asimismo, los inmuebles rurales se encuentran incorporados dentro de un proceso económico, por lo que quedan fuera del alcance del espíritu recaudatorio del impuesto a los bienes personales.
“Nuevamente avalar una triple imposición es un ataque directo al desarrollo federal de nuestro país”, cuestiona Barbechando.