Mientras las experimentales del INTA se acomodan a la nueva realidad de un Instituto intervenido y degradado, que concentra todo el poder de decisión en un solo funcionario, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, insiste en declarar que el plan oficial es “poner en valor” a ese organismo tecnológico, sin dar ninguna precisión sobre qué significa esa frase y con la anuencia de periodista que no le repreguntan.
Quizás la clave para saber qué significa “poner en valor” al INTA esté en una circular que llegó a todas las reparticiones desplegadas en le territorio, que son muchas. Allí tanto la Secretaría de Agricultura como la AABE (Administración de Bienes del Estado) le piden a todos los departamentos y oficinas locales que realicen un inventario de la totalidad de “bienes inventariables”, que debe incluir vehículos, maquinaria, herramientas, teléfonos celulares (cuyas líneas ya sufrieron un fuerte recorte esta mismas semana), elementos de informática, instrumentos de laboratorio, etcétera. Es decir, todo lo que se tenga. Y también todo lo que se puede llegar a vender.
Este pedido es independiente del trabajo que viene realizando la AABE en todas las experimentales, definiendo y mensurando los campos que son del INTA y evaluando su situación legal, como para proceder de modo rápido a la subasta de gran parte de esos inmuebles. Se habla de la posibilidad de sacar a remate, como ya sucedió con el histórico edificio de la calle Cerviño, hasta un total de 70 mil hectáreas incluso antes de fin de este año.
Por lo pronto, este reclamo de actualizar el inventario de bienes tiene también fecha perentoria: debe ser respondido en unos 20 días.
Por otro lado, a pedido de las autoridades, la ex dirección nacional del INTA, que era dirigida por el investigador Ariel Pereda y fue desplazada por el decreto “interventor” impulsado por Federico Sturzenegger, había mandado a hacer un listado de vehículos en desuso que podrían salir a subasta.
De este proceso, iniciado a mediados de junio pasado, resultó en que en las experimentales de todo el país habría unos 275 vehículos que podrían ser desafectados. Desde un Arado 3 rejas 336 MM de John Deere modelo 1968, a una camioneta Nissan Frontier de 2007. En el medio aparece de todo: varios micros añosos para traslado de personal, varias F100 de los años setenta, un Ford Falcón, y decenas de vehículos de menor porte hechos ruina por tanto andar por el campo.
Todos estos vehículos, según la circular de junio, se “incluirán en el próximo remate vehicular consolidado” que lanzará el organismo. La nota queda claro que “todos los gastos asociados al traslado, reparación y puesta en funcionamiento del vehículo correrán a cargo de la unidad que realice la solicitud” de venta.
Ahora ya entendemos qué significa “poner en valor” el INTA, como dice el secretario Iraeta.
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