Las ventas de fertilizantes –tal como se indicó una semana atrás– siguen paralizadas a la espera de la implementación de medidas económicas por parte del gobierno nacional que podrían tener impacto a nivel cambiario y tributario.
El momento no podría ser menos oportuno porque los fertilizantes tanto nitrogenado como fosfatados parecen haber tocado un “piso” y sus valores están comenzando a afirmarse en el mercado internacional.
La incertidumbre también está afectando la comercialización de gran parte de fitosanitarios, cuyos principios activos se importan en buena medida para terminar de ser formulados en territorio nacional.
El problema no representa una catástrofe agronómica porque, debido a inconvenientes climáticos, la superficie de cultivos de invierno este año resultó ser muy acotada y, en función de la coyuntura, los planteos, en términos tecnológicos, son mayormente “defensivos” (eufemismo para mencionar que tiene una baja carga de insumos).
La duda es si habrá insumos suficientes para encarar la campaña gruesa 2023/24, algo que debería estar resuelto en no más de un mes en función de los tiempos de planificación que requieren la empresas agrícolas.
La cuestión no es menor porque, con una campaña de granos finos en duda, Argentina –luego del desastre climático 2022/23– necesita sí o sí disponer de una gran cosecha de maíz y soja el año que viene para recomponer su situación cambiaria.
El motivo detrás de la paralización de la ventas de agroinsumos reside en la posibilidad de que el gobierno intente implementar un nuevo impuesto a las importaciones.
Si bien tal medida parecería no tener lógica alguna en la pauperizada situación económica argentina, la realidad es que el equipo del ministro Sergio Massa está evaluando alternativas heterodoxas de todo tipo y color ante la negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) de conceder un paquete extraordinario de ayuda que permita al gobierno llegar sin mayores inconvenientes a las elecciones presidenciales de octubre próximo (y eventualmente al balotaje en noviembre).
Las reservas internacionales en manos del Banco Central (BCRA) son negativas y la posibilidad de implementación de una nueva edición del “dólar soja” es resistida por las empresas agroindustriales que participaron de las primeras tres ediciones del programa cambiario.
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