Bichos de Campo ha publicado en los últimos días dos documentos internos y confidenciales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que plantean un escenario de fuerte ajuste sobre la estructura de personal, con la reducción por distintas vías de 1.043 puestos de trabajo en 2024; y la posibilidad de que se pongan en venta más de 27.000 hectáreas de tierras productivas.
Lejos quedó el gobierno de poder desmentir alguna de estas informaciones. De hecho, ahora publicamos un tercer documento elaborado por la conducción del organismo tecnológico, que ocupan los productores Nicolás Bronzovich y María Beatriz Pilu Giraudo, que no solo confirma ambas líneas de acción sino que plantea el esbozo de un “plan de gestión” para el Instituto en los próximos años de gobierno libertario.
Allí, para el primer semestre de 2025, luego de esta primera etapa de ajuste, se prevé llevar a cabo una “revisión de la estructura y reasignación de personal”, luego de realizar un “análisis para eficientizar presencia del Grupo INTA en todo el país”.
Este plan podría promover nuevos cambios organizacionales dentro del INTA, ya que se promete revisar:
- Estructuras duplicadas o excesivas en Centros Regionales.
- Revisión de Direcciones nacionales asistentes, coordinaciones y otros cargos.
- Agencias en localidades con Estaciones Experimentales.
- Hacer un relevamiento en Agencias de Extensión en general.
- Revisión cuestiones disciplinarias
- Proceso de Evaluación de Desempeño y planes de carrera
- Destino de los CIPAF e IPAF, que son las agencias especializadas en tecnologías para la agricultura familiar.
De este modos, este Plan de Gestión confirma que en la perspectiva del gobierno de Javier Milei el ajuste en el INTA podría seguir en el mediano plazo, más allá de la actual tanda de despidos encubiertos, jubilaciones forzosa y retiros voluntarios que se promueven en estos últimos meses de 2024.
Este es el documento:
En este tercer documento, que confirma que el INTA propiciará “la selección de hectáreas de las EEA (Estaciones Experimentales) que se podrían ceder”, también se anticipa que en los próximos meses se pondrá en debate otros asuntos sensibles para la dinámica cotidiana del organismo, como “identificar cooperadoras ineficientes y cerrarlas”, y revisar las empresas vinculadas como INTEA SA, los Nodos de innovación (INCUINTA, INCUVA, INCUNOA, INCUYO (NIC), NIP) y la Fundación ArgenINTA. En todos los casos trasunta la necesidad de “reducir estructura” y liderar la gestión centralizada directamente desde el INTA.
El Plan de Gestión hacia los 70 años del Instituto Tecnológico por supuesto parte de objetivos ambiciosos detrás de esta transformación hacia lo que llama una “Agenda Ciencia y Divulgación de vanguardia”. En ese capítulo para relanzar el INTA se destaca que la extensión pasará a realizarse dentro de “redes colaborativas” y se propone construir una “vidriera permanente con portfolio INTA”.
En materia de “Integración con los Privados”, el documento imagina un “alto nivel en MKT y negocios alrededor del desarrollo de tecnologías”, que permita luego “incrementar 5 veces el aporte privado (en producción, regalías, convenios, servicios)”. Por eso plantea que se asignarán actividades en “función de su impacto”, prestando atención a “Mayor transparencia, eficiencia en uso y asignación de recursos; mejor influencia de privados en decisiones; Mayor participación en agenda agroexportadora”.
En este proceso la conducción libertaria espera terminar con un “Capital humano jerarquizado”, aunque reconoce que el final del camino será con una “menor dotación”, aunque con un “alto nivel profesional” y con “mejores salarios”. Y como soñar no cuesta nada, también se aspira a que el INTA comience a figurar en “la lista de lugares elegidos para trabajar”.
De todas maneras, el comienzo de esta historia pasa por un fuerte proceso de ajuste que el documento no disimula. Además de confirmar que se prescindirá de 1.043 personas en 2024, para dejar así al INTA por primera vez desde 2007 con una plantilla de menos de 6.000 empleados, el Plan de Gestión avisa que se pondrá la lupa sobre el gasto que implican los 2.600 vehículos del organismo (entre autos, camionetas, ómnibus); el combustible (hoy demanda 1.500 millones de pesos anuales); los viáticos (700 millones), las tareas de limpieza (1.400 millones), la política de viajes al exterior, los teléfonos (hay 1.800 líneas/equipos que cuestan 15 millones por mes) y los “gastos generales varios”, según los hallazgos de la Unidad de Auditoría Interna.
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