Desde la semana pasada, la Dirección Nacional del INTA está tratando de desanudar el ánimo paralizante que se apoderó de la mayoría de los trabajadores de ese Instituto luego de que el Consejo Directivo (integrado por el gobierno y las organizaciones de productores) decidiera “intervenir” y modificar los modos de gobernanza en ese instituto tecnológico, como paso previo al gran ajuste que pretende llevar a cabo el gobierno de Javier Milei.
Ya lo hemos contado en Bichos de Campo: Por 9 votos a 1, en su reunión de fines de marzo el CD (que es la máxima autoridad política en el INTA) avanzó en la creación de una super secretaría de Administración, quitándole funciones claves que históricamente ejecutaba la DN, como el manejo del personal, el presupuesto, la comunicación y hasta la informática. Por eso los gremios denunciaron una suerte de “golpe institucional”, que alteraba las reglas fijadas por una ley que regula la gobernanza del INTA en 1973.
Luego de la ebullición inicial que provocó está decisión, de todos modos, una calma chicha volvió a apoderarse del organismo. Y es que en reuniones que mantuvo todos estos días con los mandos regionales y de los institutos de investigación, el director nacional Ariel Pereda (que fue designado en su puesto por concurso en 2023 y con esta reforma perdería grandes porciones de manejo dentro del INTA) trató de enviar un mensaje tranquilizador para una extensa comunidad de técnicos y científicos que percibe que detrás de esta “intervención” se viene el ingreso triunfal de la motosierra en el organismo. Sucede que el plan de Economía luce demoledor, pues pretende reducir durante 2025 de más de 6.000 a 4.500 la plantilla de empleados, además de poner a la venta miles de hectáreas de campos que son propiedad del Instituto.
Hay un dato clave, que permitió a la “línea” del INTA recuperar alguna ilusión después del cachetazo inicial que le propinó el Consejo Directivo, donde los tres delegados del Poder Ejecutivo (el presidente Nicolás Bronzovich, la vice Pilu Giraudo y el veterinario Carlos Alberto Antonio Vera) conviven con dos representantes de las universidades nacionales (Agronomía y Veterinaria) y con cinco delegados de las asociaciones de productores (CRA, Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y los Grupos CREA).
Ese cuerpo colegiado, pese a realizar una votación muy favorable al gobierno de Javier Milei en su reunión de marzo, todavía no firmó el acta correspondiente con los acuerdos logrados en dicha reunión, por lo cual todavía no quedó oficializada su decisión de crear una superestructura gerencial que le quite las funciones históricas a la Dirección Nacional.
Ante la consulta de Bichos de Campo para confirmar esta situación, el representante de CRA en el Consejo Directivo, Sergio Melgarejo, confirmó que la voluntad de ese cuerpo es avanzar con las reformas, aunque reconoció que los consejeros todavía no han firmado el acta correspondiente.
“El Consejo Directivo resolvió modificar la estructura organizativa del INTA e instruyó al área técnica, Dirección Nacional Asistente de Desarrollo, Gestión y Fortalecimiento de la Personas, a instrumentar su respectivo procedimiento y correspondiente acto administrativo a los fines de cumplimentar lo dispuesto por el cuerpo colegiado”, respondió Melgarejo, que luego aclaró: “A la fecha se encuentra en tramitación el expediente mediante el cual se propicia la referida medida y que culminará con el acto resolutivo firmado por el presidente del organismo. Respecto al Acta 601(en la cuál consta lo resuelto por el Consejo Directivo) de la reunión ordinaria del mes de marzo, se considerará y aprobará en la próxima reunión ordinaria del mes de abril”.
¿Por qué no firmaron el acta? Según la explicación que el director nacional está bajando a toda la línea de mandos, el suspenso que rodea la intervención se debe a que el CD “está analizando la factibilidad legal” de la reforma que propuso el Ministerio de Economía. Según esta visión, la quita de funciones la DN tropieza de lleno contra el texto de la Ley 20.340/1973, y por lo tanto los consejeros se exponen a impugnaciones y hasta denuncias penales en su contra.
“Queda claro que para cambiar las competencias del director nacional solo lo podrían realizar por decreto presidencial, ya que lo contempla la Ley Bases”, es la evaluación que hacen dentro de la línea del INTA. Es decir, que debería intervenir directamente el presidente Milei. Como sea, este enriedo les permite recuperar algo de ilusión ante el recorte de funciones que empujó sobre todo el ex secretario coordinador de Producción, Juan Pazo, ahora a cargo de ARCA.
Como sea, el mensaje que bajó Pereda a las diferentes autoridades de cada una de las regionales y las experimentales es que cabe esperar a la reunión de abril del Consejo Directivo. Mientras tanto, el director nacional “abogó por que la institución siga realizando y visibilizando el trabajo sobre el territorio”, que es el mejor capital que tiene el INTA.
Además, quizás soñando con que en dicha reunión los consejeros que decidieron la intervención recapaciten y den vuelta sobre sus pasos, la línea de mando del INTA pretende que se vuelva a discutir la propuesta de ajuste y adecuación presentada por la propia dirección nacional en febrero, y que implica un recorte de gastos y de las estructuras sin sacrificar tanto personal como pretende Economía.
En la misma línea de suspenso ingresó la propuesta de los consejeros de lanzar un nuevo retiro voluntario, luego de un primer intento realizado en 2024 que apenas sedujo a unos 300 empleados. “La propuesta de un nuevo retiro voluntario tendría consecuencias altamente negativa sobre el futuro de la institución. Hasta el momento la DN no ha realizado ninguna gestión para la elaboración de una nueva propuesta para el retiro”, es el mensaje que bajó Pereda a los suyos.
La entrada ¿Y qué pasó con el ajuste en el INTA? Se vive una tensa tregua, porque los consejeros todavía no firmaron el acta que define la “intervención” y la línea se ilusiona con frenar esos cambios se publicó primero en Bichos de Campo.