¿Justo ahora se van a pelear? Una propuesta de último momento de Juan Schiaretti complica su armoniosa relación con las entidades rurales cordobesas

Luego de varios años de romance entre el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y las entidades rurales de la provincia, un proyecto de último momento de esa gestión tensó las cosas, al punto que desde las filas agropecuarias ya hubo críticas públicas. ¿Justo ahora se viene a terminar el romance, a pocos días para el recambio en el gobierno provincial?

Según informaron varios medios locales, Schiaretti impulsa en la Unicameral (la legislatura provincial) la creación de una Agencia Agro Córdoba, que sería la décima de este tipo en la administración provincial. La idea sería crear una nueva sociedad de economía mixta a través de la cual se administrarán los fondos del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA). Ese fondo podría llegar a recaudar en 2024 unos 70 mil millones de pesos de la tasa vial que pagan los productores agropecuarios.

Según se adelantó, la nueva Agencia Agro Córdoba funcionaría dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura y Ganadería con la participación de las entidades agropecuarias, que incluso ya reciben como Mesa de Enlace una pequeña parte de la recaudación para llevar a cabo tareas de capacitación y gremiales. De todos modos, el grueso de la plata se destina de común acuerdo a hacer obras en el sector. Este año cierra con más de 320 kilómetros de asfalto y casi 200 de ripio, además de la compra de 100 patrullas rurales.

Según el ministro Sergio Busso, de gran relación hasta aquí con las entidades del campo, la nueva agencia tendrá la responsabilidad de “ejecutar del fondo de desarrollo agropecuario”. Pero la ofensiva puso en alerta a los consorcios camineros de la  provincia, que ni siquiera saben si van a seguir dependiendo de Obras Públicas o si pasarán a revistar en esta nueva agencia. Es una de las principales objeciones. Que nada ha sido bien discutido y comunicado, incluso desde las organizaciones provinciales agropecuarias a sus entidades de base.

La novedad surgió justo a un mes de que se produzca el ingreso al gobierno de Martín Llaryora en reemplazo de Schiaretti. Por eso desde algunos bloques opositores criticaron tanto la forma intempestiva de presentar el proyecto, como por la falta de información sobre el mismo.

Estas críticas se reprodujeron entre los propios aliados de Schiaretti en el sector. La combativa Sociedad Rural de Río Cuarto emitió un comunicado en la que “expresa su preocupación y rechazo al modo en que el gobierno de la Provincia lleva adelante la creación de un nuevo organismo de economía mixta denominado Agencia Córdoba Agro que tendría a su cargo la ejecución de todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto previsto en el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), creado por Ley 10.679 y sus modificatorias, y que mayormente tienen como objetivos el mantenimiento y mejora de los caminos rurales en la provincia”.

Desde otra entidad, una fuente explicó a Bichos de Campo que el malhumor que la iniciativa despertó en el sector se debe a que “esto es una maniobra del gobernador electo  de sacar cosas con la Unicameral favorable que tiene ahora, porque a partir del próximo 10 de diciembre no tiene mayoría”.

-¿Pero qué cambia?- le preguntamos.

-En el FDA los responsables eran los Ministros de Finanzas, Obras Publicas y Agricultura, y todo pasaba por un tribunal de cuentas, cosa que no tendría tampoco la agencia del gobernador electo. Entonces sacan los fondos, los mandan a la agencia, le quitan responsabilidad a los ministros y no pasa más por el tribunal de cuentas sino por una sindicatura.

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Por eso las críticas de Río Cuarto y otras rurales apuntan a la premura del trámite. “La iniciativa, que puede incluir en un todo objetivos positivos y atendibles, incluye una inaceptable celeridad en su concreción que impide a las instituciones que serán parte constitutiva o beneficiarias de sus acciones contar con los elementos mínimos para valorar aspectos centrales de su conformación. ¿Por qué la necesidad de presentar el proyecto de la conformación y apurar el tratamiento legislativo sin abrir las siempre necesarias instancias de debate y enriquecimiento?”, preguntaron los ruralistas del sur cordobés.

Más adelante los riocuartenses aclararon: “Las entidades siempre están predispuestas a aportar y más cuando a priori serán parte constitutiva de la Agencia en cuestión con participación activa y además responsables a través del pago del Impuesto Inmobiliario Rural de su financiación”. Y sugirieron a Schiaretti y Busso “a continuar por el camino del diálogo que se vino transitando con las autoridades, con frutos probados”.

Las suspicacias se hicieron presentes pese a que Busso explicó a los medios locales que “ese fondo que está armado por ley, será administra por la Mesa de Enlace y el sector público. Ahora, la nueva agencia va a ejecutar y pagar las obras. Y ahí aparece la figura de los miembros. Para nosotros es una evolución. No solo tendrán las tareas de pago sino la tarea de la ejecución. El sector privado tendrá mucha más participación”, remarcó el ministro.

En la nueva agencia mixta el gobierno cordobés tiene previsto otorgarle a la Mesa de Enlace provincial el 10 % del paquete accionario y tres cargos en el directorio, con voz y sin voto. En la actual FDA, en cambio, hay cinco miembros, de los cuales dos representan al sector privado. Gustavo de Raedemaeker y Albina Aulet. Ahora quedarían siete cargos por cubrir, 4 por el sector publico y 3 por el sector privado. La nueva agencia sería presidida formalmente por algún productor.

Hasta ahora, el único sector importante que no tenía agencia semejante era el sector agropecuario. Según los fundamentos del proyecto enviado a la Unicameral, la Agencia Agro Córdoba será una estructura complementaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que continuará a cargo de Sergio Busso en la nueva gestión. El directorio estaría compuesto por representantes del sector público, de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de Obras Públicas, de Finanzas y de Servicios Públicos, y del sector privado agropecuario y agroalimentario.

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