“Un automóvil terminará pagando a partir de agosto 2023, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata, la suma de 4.800 pesos”. Y “un camión -realizando 20 viajes al mes, ida y vuelta, de Capital Federal a Mar del Plata- por año pagará 4.700.000 de pesos”.
Quien lanza estos números inauditos sobre el costo del peaje para turistas pero también para empresas productoras de alimentos, es el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que lidera el incansable agrónomo Ricardo Lasca. En un comunicado, esta ONG contó que el 24 de mayo pasado se realizaron las audiencias públicas de carácter “no vinculante” para definir los aumentos de los peajes. Una estuvo relacionada con la autopista Buenos Aires–La Plata y la otra con el Sistema Vial Integrado del Atlántico.
Tras esas reuniones, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires “autorizó un nuevo tarifazo salvaje de peaje en las concesiones viales de jurisdicción provincial propuesto por la escandalosa empresa concesionaria AUBASA (Autopistas de Buenos Aires SA)”, denunció el Comité de Usuarios Viales. Se definió en concreto un 50% de aumento ahora y otro 40% en agosto, “lo que representa un 110 % acumulativo y no 90 % como se viene mal informando”.
“Es importante destacar que de agosto 2022 a agosto de 2023, el aumento será de aproximadamente 700%”, añadió el comunicado. Para los usuarios, entre los que se cuentan muchas empresas productivas, “definitivamente se trata de un ajuste recaudatorio solo para beneficiar a la indebida empresa AUBASA y tratar de ir cubriendo el déficit de la misma, ocasionando más perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto”.
El CONADUV reveló que en la audiencia no participaron intendentes, legisladores o concejales de los partidos que recorre esa traza estratégica. También repudió al representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Arias, quien se pronunció a favor “avalando el tarifazo de peaje, demostrando una clara posición política en defensa del gobernador Axel Kicillof y un desconocimiento total en la materia, permitiendo que los derechos de los usuarios viales sigan siendo vulnerados y pisoteados”.
Luego Lasca escribió con todas las letras algo que piensa hace años, pero que casi nadie escucha: “AUBASA sólo se limita a cobrar el “falso peaje o impuesto al tránsito”, transformando las estaciones de cobro en una verdadera caja política. Justamente las obras que se han realizado y se realizan, no son con fondos del peaje, sino a través de aportes del Estado Provincial, Nacional o créditos del BID”.
Así las cosas, a partir de agosto surgen los números de marras: un camión que lleve pescadod e Mar del Plata al mercado de Buenos Aires y que realice 20 viajes al mes pagará de peajes poco menos de 5 millones de pesos.
“Con el actual gobierno que encabeza Axel Kicillof se sigue con la estafa vial y favoreciendo el interés particular de la empresa “estatal” AUBASA, claramente innecesaria, burocrática, costosa y deficitaria, y que encima actúa indebidamente en forma paralela a la Dirección de Vialidad de Buenos Aires”, se quejó el Comité.
Este ejercicio demuestra que no siempre lo estatal es más barato que lo privado. Muestra el valor de la tarifa de peaje por kilometro de concesión, comparando las autopistas bonaerenses con los accesos en manos de empresas privadas. Las diferencias son escandalosas.
“Las concesiones viales en la Provincia de Buenos Aires, tanto para el caso de la Autopista Buenos Aires – La Plata (pasada de la Nación a la Provincia durante la gestión del ex Gobernador Daniel Scioli) como para la Autovía 2 y Ruta 11 y conexas (Sistema Integral del Atlántico) son una estafa vial y gran negociado armado para favorecer a la patria contratista, el nefasto club de peaje y los amigos del poder”, denunció Lasca, que viene denunciando este asunto desde los años 90, cuando se puso en marcha este sistema.
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