El gobierno de Javier Milei proclama la libertad como su principal bandera: que no sea el Estado el que digite qué debe hacer cada individuo con su vida o con su empresa. Sin embargo, la Secretaría de Agricultura ha adelantado que impondrá a los ganaderos la identificación individual de cada uno de sus terneros mediante un chip obligatorio que costará al sector 1,5 dólares por cabeza, algo así como 25 millones de dólares totales a partir de enero de 2025.
El gobierno de Javier Milei proclama que el ahorro de gastos superfluos es otra de sus promesas, y sin embargo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ha desistido de aplicar una decisión que estaba consensuada técnicamente y que costaba unos 15 millones de dólares adicionales a los ganaderos: la vacunación de novillos contra la fiebre aftosa en este segundo turno de 2025, siendo que esos animales ya cuentan con bastante inmunidad porque recibieron al menos cinco o seis dosis a lo largo de su vida.
Por plata discuten los hombres y sus organizaciones. Pero en este caso también por el sentido de estas dos políticas agropecuarias concretas del gobierno libertario, que parecen ir a contramano de sus promesas e ideas.
Esa percepción es la que le dio vida a un curiosos comunicado compartido por siete de las 16 confederaciones que integra CRA y que se corresponden con todo el norte grande argentino: está la ASRC (Corrientes), Cartuc (Tucumán), CHAFOR (Chaco y Formosa), FAAS (Santiago del Estero), FARM (Misiones), Federsal (Salta) y Frepojuy (Jujuy). Es decir, todo el NOA y todo el NEA juntos. Por pocos temas se logra poner de acuerdo este universo.
El documento es el que sigue:
Para dar idea cierta de que no están haciendo oposición, las sociedades rurales del norte del país empiezan elogiando algunas medidas tomadas por el gobierno de Milei, que “pese a la mezquindad e irresponsabilidad de algunos dirigentes, ha logrado grandes avances en diferentes cuestiones como: lucha contra la inflación, desburocratización y eliminación de normas anacrónicas, liberalización de la economía y el comercio, eliminación de algunos derechos para exportar, control del déficit fiscal, y toda otras acciones tendientes a transparentar el accionar estatal”.
Pero luego de esa caricia y claro alineamiento, los ruralistas norteños comienzan con una serie de “cuestiones pendientes”. A saber:
Piden mayor dureza oficial para rechazar el reglamento UE 2023/1115 del Parlamento Europeo, que es el que establece que desde 2025 será obligatoria (porque lo decidió la Unión Europea) certificar que las cargas de carne y soja dicho bloque porvengan de zonas que no hayan sido recientemente deforestadas. .
“Dicha normativa pretende imponerse, de manera arbitraria e hipócrita, por encima de nuestra realidad, legislación y soberanía nacional. Sus graves implicancias ameritan un urgente trabajo y acción mancomunada de todos los actores públicos-privados, a los efectos de impedir el avance de esas injustificadas regulaciones para-arancelarias”, dice el comunicado.
De inmediato va a la segunda piedra en el zapato: “Llama la atención que pretenda forzarse un sistema de trazabilidad individual, electrónica y total. Tal propuesta no consensuada, genera controversias entre los que deben soportarla, y no cuenta con las justificaciones suficientes, sobre todo si consideramos que la Argentina posee un sistema de trazabilidad vigente que nos permite exportar a todos los mercados que tenemos disponibles”.
En este caso, aunque todavía no se conoce reglamentación, la Secretaría de Agricultura ha avisado que se viene un cambio de régimen. La nueva disposición implicará chipear a cada uno de los terneros que vayan naciendo a partir de la zafra 2025, para tener así en 2027 todo el stock bovino identificado individuamente con una caravana electrónica que tiene un costo individual cercano a 1,5 dólares por animal.
La normativa está tan avanzada que Agricultura, a cargo de Juan Pazo y Sergio Iraeta, incluso preparaba una licitación para comprar una porción de esas caravanas que se iba a distribuir gratuitamente a los pequeños productores de bajos recursos.
El rechazo tajante de ese sistema y nueva imposición no es le único posicionamiento colectivo desde el Norte del país. “Otra cuestión preocupante, es la marcha atrás recientemente anunciada, con relación a la implementación de posibles modificaciones al plan nacional contra la fiebre aftosa”.
En este caso, luego de un proceso de consulta pública no vinculante, el ex vicepresidente de Senasa, Sergio Robert, había anunciado la decisión de que en la segunda campaña de vacunación de 2024 se iba a excluir la categoría novillos, ya que esos animales tenían suficiente inmunidad adquirida en vacunaciones anteriores. Y que esa decisión -que iba a extenderse a otras categorías bovinas mayores a partir de 2025- significaría un ahorro de varios millones de dosis para los ganaderos, que así evitarían malgastar cerca de 15 millones de dosis.
Pero luego Pazo e Iraeta reclamaron la renuncia de Robert y el Senasa dio marcha atrás con esa decisión técnica, sin dar ninguna explicación.
Las rurales del norte creen que hay gato escondido, ya que “dichos cambios que hace tiempo se encuentran en análisis, cuentan con sustento técnico, así como con los acuerdos generales necesarios, además de haber pasado por una reciente consulta pública, dispuesta por el Senasa, dijeron en su comunicado colectivo.
“Hacemos votos para que nuestros dirigentes estén a la altura de su responsabilidad, a efectos de lograr que lo general este por encima del interés particular de algunos países, grupos o actores económicos”, sostuvieron los dirigentes agropecuarios en este curioso comunicado dominguero.
La entrada ¿La libertad achancha? Duro reclamo de todo el ruralismo del Norte Grande ante dos decisiones que no tienen mucha explicación dentro de la política liberal de Javier Milei se publicó primero en Bichos de Campo.